MUJERES |
Maud Allan (probablemente el 27 de agosto de 1873 - 7 de octubre de 1956) fue una pianista canadiense convertida en actriz, bailarina y coreógrafa, recordada por sus "famosas interpretaciones anímicas e impresionistas". |
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El microkini, microquini, microbikini, bikini brasileño o bikini extremo es la variante más reducida del bikini o traje de baño femenino de dos piezas, creado por el francés Louis Reard en 1946, quien llegó a describirlo como «más pequeño que el traje de baño más pequeño del mundo». Sus tres piezas triangulares cubren la vulva y parte de los pechos, si bien cabe reseñar que la progresiva desaparición del sostén y posterior supresión de las cintas de sujeción de la braga, han ido dando lugar a diminutos diseños a base de tiras de tejido u otros materiales que, prácticamente, dejan todo el cuerpo al aire. |
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Diccionario de la lengua española. mujer Del lat. mulier, -ēris. 1. f. Persona del sexo femenino. 2. f. mujer que ha llegado a la edad adulta. 3. f. mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. ¡Esa sí que es una mujer! U. t. c. adj. Muy mujer. 4. f. Esposa o pareja femenina habitual, con relación al otro miembro de la pareja. |
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
Diccionario de Autoridades - Tomo IV (1734) MUGER. s. f. Criatura racional del sexo femeníno. Es del Latino Mulier, que significa lo mismo. RECOP. lib. 7. tit. 12. l. 1. cap. 10. Que las mugeres puedan traher jubones de telilla de oro y plata, y guarnecerlos con una trencilla de lo mismo. CALD. Com. Las armas de la hermosura. Jorn. 3. Y yo, Sabino nuevo, Darte con más razón mis brazos debo, Que yá he sabido que infelice eres, Por valer el honor de las mugeres. Diccionario de Autoridades - Tomo IV (1734) MUGER. Se entiende regularmente por la que está casada, con relación al marído. Latín. Uxor. CHRON. DE S. FERN. cap. 2. Después desto, passados veinte y cinco días, murió la Reina Doña Leonor muger del Rey D. Alonso. LOP. Com. Viuda, casada y doncella. Act. 1. Sé que soi vuestra muger, y que por tal me confiesso. MUGER DE SU CASA. La que tiene gobierno y disposición para mandar y executar las cosas que la pertenecen, y cuida de su hacienda y familia con mucha exacción y diligencia. Latín. Mulier domi sollicita. FR. L. DE LEÓN, Perf. Casad. §. 1. Gusta una muger de parecer más hermosa que otra: y aun si su vecina tiene mejor basquiña, o si por ventúra saca mejor invención de tocado, no lo pone a paciencia: y si en el ser muger de su casa la hace ventaja, no se acuita ni se duele. Ser muger. Phrase con que se explica haber llegado una moza a estado de menstruar. Latín. Viripotentem esse mulierem. A la muger brava dalle la soga larga. Refr. que aconseja se dissimule con prudencia lo que no se puede remediar prontamente, aguardando ocasión y coyuntúra a propósito, para reprehenderlo o castigarlo. Latín. Foemina si insultat tu hamum laxare memento. A la muger casada, el marido le basta. Refr. que da a entender que no debe la buena muger dar gusto sino a su marído. Latín. Est uno contenta viro, quae foemina proba est. A la muger mala, poco le aprovecha guarda. Refr. que enseña, que al que es de mala inclinación, y está habituado en vicios y ruindades, por más diligencias que se hagan, es dificultoso sacarle de ellos. Latín. Foemina si nolit, custos servare nequibis: Si vigil es credas, est vigil ipsa magis. A la muger y a la picaza, lo que vieres en la plaza. Refr. que explica la prudencia y consideración [iv.627] con que se deben revelar los secretos y cosas de importancia, por el peligro de que los publiquen. Latín. Pica velut mulier dictis est garrula semper: Nesciat, ut taceat ni data verba foro. Con la muger y el dinero no te burles compañero. Refr. que enseña el recato y cuidado con que se debe atender y gobernar uno y otro. Latín. Et mulier curam, velut ipsa pecunia, poscit Utraque ni serves saepè soluta cadunt. |
Escolares de presente.
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Escolares del pasado.
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Historia El atentado contra un diputado del PSOE en 1936 en el mismo lugar que el disparo a Vidal-Quadras.
El 12 de marzo cuatro falangistas quisieron asesinar a Luis Jiménez de Asúa, vicepresidente de las Cortes, pero mataron a su escolta, el agente Jesús Gisbert. El suceso cambió la política de orden público de la República.
Luis Jiménez de Asúa, diputado socialista y vicepresidente de las Cortes salidas tras las elecciones de febrero de 1936, era un objetivo de la extrema derecha tras haber defendido a Francisco Largo Caballero en el juicio por su papel en la revolución de octubre. Por ese motivo, el catedrático de Derecho Penal disponía de un escolta, el agente del Cuerpo de Investigación y Vigilancia Jesús Gisbert Urreta. El 12 de marzo, pasados unos minutos de las ocho de la mañana, el político salió de su domicilio en la calle de Goya de Madrid, acompañado de un amigo, para dirigirse hasta la Universidad Central. En el momento que los tres hombres abandonaban el portal del edificio, Jiménez de Asúa se detuvo al ver en la calle a cuatro individuos esperando en un viejo Chevrolet con las puertas entreabiertas. Pese a la inseguridad que suscitaba la escena, decidió empezar a caminar. Antes de llegar a poner el pie en el estribo de su coche, vio cómo uno de los sospechosos, ataviado con una gabardina y un sombrero, sacaba una pistola y empezaba a disparar. "¡Estos nos quieren matar", exclamó el socialista al mismo tiempo que salía corriendo en zigzag hasta doblar por la calle Velázquez y conseguía refugiarse en una carbonería. La lluvia de balas destrozó el escaparate de un concesionario y alcanzó en el hígado a Gisbert, que había cubierto la huida del hombre que sería uno de los presidentes de la Segunda República en el exilio. "¡Don Luis, me han matado!", dijo el agente, que fallecería esa misma mañana, poco antes de desplomarse. El suceso se registró en el número 24 de la calle de Goya, a muy pocos metros de donde este jueves Alejo Vidal-Quadras, expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox, ha recibido un disparo en la cabeza que no ha resultado mortal. La principal hipótesis es que el tiroteo haya sido encargado a un profesional que ha ejecutado una "acción planificada" por el régimen iraní.
El intento de asesinato de Jiménez de Asúa se enmarca en el contexto temporal de las primeras medidas que tomó el Gobierno presidido por Manuel Azaña en materia de seguridad para depurar responsabilidades por la represión de la insurrección de octubre de 1934. Algunas de las más importantes fueron la amnistía de los delitos políticos y sociales, la readmisión e indemnización de los obreros despedidos por participar en las huelgas o el traspaso en Cataluña de los servicios policiales del poder central al regional, como recuerda el historiador Sergio Vaquero Martínez en su capítulo de Vidas truncadas (Galaxia Gutenberg), dedicado al importante y controvertido papel que desempeñaron las fuerzas de orden público en el crecimiento de la violencia política que tuvo lugar durante los meses previos a la Guerra Civil. Los autores del homicidio de Gisbert fueron cuatro miembros del Sindicato de Estudiantes Universitarios, de ideología falangista: Alberto Ortega Arranz, Guillermo Aznar, José María Díaz Aguado y Alberto Aníbal Álvarez. Justificaron el atentado como una represalia por otro perpetrado dos días antes por unos comunistas y que se había cobrado la vida de dos jóvenes pertenecientes a Falange Española y Acción Católica.
Habían logrado huir a pie —su vehículo no arrancó— enfilando la calle Núñez de Balboa en dirección a Hermosilla. "Miguel Primo de Rivera le pidió al aviador Juan Antonio Ansaldo que los sacara de España y éste aceptó, pese a los reproches que le hicieron los jefes de la conspiración militar, que ya estaba en marcha", desvela Vaquero Martínez. Pese a la maniobra de fuga, los estudiantes fueron detenidos poco después en Hendaya. Un tribunal francés les concedió la libertad por haberse demostrado que el delito era político. La Policía española solo pudo prender finalmente a uno de los autores. En un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, Alberto Ortega fue condenado el 6 de abril a veinticinco años y nueve meses de reclusión mayor por asesinato con premeditación y a otros cinco de prisión menor por tenencia ilícita de armas. En venganza, los falangistas asesinaron cuatro días más tarde al juez Manuel Pedregal Luege, que había actuado como ponente del tribunal. Otro episodio más de una espiral de violencia que afectaría en las siguientes semanas a otros agentes de las fuerzas del orden, como el guardia civil Anastasio de los Reyes y el teniente José del Castillo. La capilla ardiente del agente José Gisbert, a quien le fue concedida la Encomienda de la Orden de la República y entró en el panteón de héroes de la Policía, se instaló en la Dirección General de Seguridad. Allí se reunieron sus compañeros y miembros destacados de otros cuerpos, el alcalde de Madrid, el gobernador civil y varios ministros. Al día siguiente, 13 de marzo de 1936, entre 20.000 y 40.000 personas se amontonaron bajo una fuerte lluvia para despedir al guardia en su traslado al cementerio del Este en un desfile que duró más de cuatro horas. Al regresar del entierro, algunos miembros de asociaciones obreras organizaron una manifestación no autorizada dando mueras al "fascio" con el puño en alto. La protesta pacífica acabó desembocando en graves disturbios, como los incendios de las iglesias de San Luis de los Franceses y de San Ignacio, y el asalto a la redacción y los talleres del periódico derechista La Nación, que a partir de ese momento dejaría de publicarse —también se intentó quemar el edificio del diario monárquico ABC—. "Este asesinato motivó un cambio sustancial en la política de orden público, que cristalizó en una persecución más intensa de los falangistas", resume el historiador Sergio Vaquero Martínez. El Gobierno prorrogó el estado de alarma un mes y dispuso el cierre de las sedes de Falange y la detención de la mayoría de sus líderes, incluido José Antonio Primo de Rivera. También tomó medidas para depurar a los elementos de extrema derecha de las fuerzas militares y policiales, creando la medida de "disponible forzoso", sustituyendo a numerosos jefes de los cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Guardia Civil o reservándose el derecho de sustituir a los miembros del Ejército que sospechara que podrían estar implicados en la conspiración que provocaría la Guerra Civil.
Manuel Pedregal y Luege (Villaviciosa, Asturias; 20 de octubre de 18752- Madrid, 13 de abril de 1936) fue un juez y magistrado español. Murió en Madrid víctima de un atentado terrorista achacado a pistoleros de Falange Española de las JONS. Estudió en la Universidad de Oviedo. Inició su carrera judicial en la Audiencia de Badajoz, después ejerció como juez en Pola de Laviana, Belmonte, Castropol, Ledesma y Gijón. Fue ascendido a magistrado y sirvió en las audiencias de Santander, Palencia —de la que después fue fiscal— y Valladolid. Presidente de Sala de la Audiencia provincial de Valladolid, el 10 de julio de 1931 es nombrado magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid por jubilación de Julio de Torres y Gisbert. Tras el atentado al diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, perpetrado el 12 de marzo de 1936, estuvo al frente de la instrucción judicial. Además, con anterioridad, había sentenciado a un joven falangista a una larga condena por el asesinato de un vendedor de periódicos de ideología socialista. El propio magistrado manifestó haber sido amenazado de muerte desde entonces por «elementos fascistas». Pedregal murió víctima de un atentado terrorista el 13 de abril de 1936, cuando se desplazaba por el Paseo de Luchana, esquina a la calle Covarrubias, de Madrid. El magistrado dejaba mujer e hijas.6 Pocos días antes de su asesinato, había sido ascendido a presidente de la Sección primera de la Audiencia de Madrid. El diario madrileño Ahora destacaba que Pedregal «no se hallaba afiliado a ningún partido ni se había significado jamás por sus opiniones en el orden político». | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Jiménez de Asúa.
Jiménez de Asúa, Luis. Madrid, 19.VI.1889 – Buenos Aires (Argentina), 16.XI.1970. Catedrático de Derecho Penal. Presidente de la República en el exilio. Nació en el seno de una familia modesta. Su padre, Felipe, era procurador de los tribunales y gestor. Su madre, Dolores, era natural de Bilbao. Su único hermano, Felipe, fue catedrático de Medicina y le acompañó en el destino. Cursó los estudios de bachillerato en el instituto Cardenal Cisneros, que culminó con sobresaliente. Siguió los estudios de la licenciatura en Derecho como estudiante libre oyente, que concluyó con la máxima calificación en septiembre de 1911. En los cursos de doctorado surgió su vocación académica, impulsada por el penalista Quintiliano Saldaña, personalidad singular y plenamente integrada en el mundo académico internacional de la época. Bajo su dirección realizó la tesis doctoral en 1913 sobre “el sistema de penas determinadas a posteriori en la ciencia y en la vida”, tema clásico del positivismo criminológico de la época, inspirado en la obra de Pedro Dorado Montero y de Constancio Bernaldo de Quirós, quien prologó con entusiasmo la publicación. Obtuvo de inmediato una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios que le llevó a las Universidades de París, Ginebra y Berlín, donde, junto a Camilo Barcia y Pío del Río Hortega, le sorprendió la Gran Guerra, y a donde regresaría al concluir ésta para completar la interrumpida estancia en el Instituto de Ciencias penales de Franz von Liszt, el más relevante penalista europeo de su generación. A su regreso fue nombrado profesor auxiliar y después encargado de la cátedra de J. M. Valdés. La obtuvo en reñido concurso de oposición en 1918. Su formación científica se inspiró en el positivismo y en el correccionalismo español y se asentó en el estudio de la obra de las personalidades científicas más relevantes de su tiempo: los positivistas italianos y nuestros clásicos y correccionalistas citados. El aprendizaje que dejó más huella y resultó más fructífero en el tiempo es el que realizó junto a von Liszt, cuya teoría jurídica del delito tradujo al castellano en los volúmenes segundo y tercero de su Tratado (1916 y 1917). Tradujo asimismo el Programa del Curso de Derecho criminal de F. Carrara (1922), príncipe de los penalistas clásicos. Seguramente seducido por el optimismo humanista que siguió al Tratado de Versalles, incurrió en debilidad por el positivismo, plasmada en su obra El estado peligroso (1922), cuya versión en italiano celebró el mismo Ferri, de quien se despidió estruendosamente cuando éste abandonó el socialismo para sumarse a las filas de Mussolini. En 1923 viajó a América por vez primera. Impartió conferencias y cursos en Argentina y Uruguay. A su regreso se había instalado en España la dictadura de Primo de Rivera. En las esferas intelectuales crecía una oposición que reclamaba responsabilidades políticas por el desastre de Marruecos y contra el golpe de Estado, cuyo máximo exponente era Miguel de Unamuno. La ruptura que ello supuso entre la élite intelectual y la Corona se produjo también con respecto a Jiménez de Asúa, quien pronunció en 1924 en el Ateneo de Madrid su primera conferencia política, que —aunque centrada en materia jurídico-penal— le valió su primera persecución. En 1926 se produjeron numerosas protestas de estudiantes y profesores, a cuya cabeza se encontraba también Jiménez de Asúa, quien tras sonoras intervenciones en la oposición que cubría la vacante forzosa de Unamuno y en la manifestación con motivo de la llegada a Madrid de los restos de Ganivet resultó suspendido en la cátedra y confinado en las islas Chafarinas, junto con Francisco de Cossío y Salvador Vila. En julio de ese mismo año, como presidente accidental del Ateneo madrileño, se opuso al nombramiento gubernativo de una nueva junta, lo que le llevó a la Cárcel Modelo, donde ya se encontraba Marañón por la causa de la Sanjuanada. A finales del mismo año renunció con estrépito al nombramiento para la Comisión de Códigos. En 1927 intervino en la votación del claustro que negó a Alfonso XIII el doctorado honoris causa y pronunció en la Universidad de Murcia una conferencia sobre sexualidad, eugenesia y eutanasia, que dio lugar al libro Libertad de amar y derecho a morir, por la que fue separado de la cátedra durante un mes entre grandes protestas. En esos años cultivó la madurez científica, e Iberoamérica se convirtió en su pasión y responsabilidad: hasta 1929 cruzó otras cinco veces el océano y a los países anteriores sumó Perú, Chile, Brasil y Cuba, cuyas legislaciones estudió críticamente y difundió las obras y las personalidades universitarias de cada una. Inició el ejercicio de la abogacía y en mayo de 1929 renunció a la cátedra en protesta contra la Dictadura, al igual que Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, Felipe Sánchez Román y Alfonso García Valdecasas. En 1930 fue abogado defensor de Santiago Casares Quiroga, integrante del Comité Revolucionario creado por el pacto de San Sebastián, del que saldría el Gobierno Provisional de la República. En las vísperas del 14 de abril Jiménez de Asúa era ya una personalidad académica de primera línea en España y en el ámbito internacional, con numerosas publicaciones científicas y presencia en las páginas de opinión de los periódicos de ambas orillas del Atlántico. Su definitiva consagración se produjo con la lección inaugural del curso académico republicano en octubre de 1931 sobre la teoría jurídica del delito, primera presentación de la moderna ciencia del derecho penal, que supuso una revolución metodológica en España y América. Era ya también una personalidad política. Al filo de la transición, se había integrado en Alianza Republicana, el partido de Azaña, pero su preocupación social y los buenos oficios de Fernando de los Ríos le llevaron con la velocidad de los acontecimientos al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al escaño por Granada. El Gobierno, que derogó el Código Penal de 1928, le encargó la adecuación del Código de 1870 al orden republicano, lo que se llevó a cabo en quince días. Como diputado le fue encomendada la presidencia de la comisión redactora de la Constitución, en la que desempeñó un relevante papel jurídico y político. Suprimida la Comisión General de Codificación se creó la Comisión Jurídica Asesora, que Asúa presidió después de haber encabezado la subcomisión de Derecho penal, integrada entre otros por José Antón Oneca, Mariano Ruiz Funes, Niceto Alcalá-Zamora Castillo y Arturo Rodríguez Muñoz, que realizaron los trabajos que dieron lugar al Código de 1932. Repitió como diputado en las elecciones de 1933 y 1936, en ambas legislaturas por Madrid, con votos personales sólo detrás del más votado de todos: Julián Besteiro. Fue abogado defensor de Largo Caballero en el proceso por los hechos de octubre de 1934, cuyo desencadenamiento rechazó. Tras las últimas, fue elegido vicepresidente 1.º de las Cortes. En marzo de 1936 fue víctima de un atentado falangista en el que murió su escolta y que inició el trágico ciclo final de las pistolas que abocó en el 18 de julio. Al estallar la Guerra Civil, como otros muchos intelectuales formados en el extranjero, pasó a tareas diplomáticas como embajador de la República en Praga —con Francisco Ayala como secretario— y como delegado ante la Sociedad de Naciones, con Emilio González López de secretario, llevando a cabo una importante función respecto de los países de Centroeuropa, así como de compra de armas y servicios de inteligencia en la Alemania nazi, viviendo en directo el abandono de Gran Bretaña y Francia de la República española y el entreguismo de Munich. Participó en la primera Convención Internacional de prevención y lucha contra el terrorismo de 1937. Con la derrota de la República, quedó privado de su cátedra y en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas fue expropiado de todos sus bienes. Aunque invitado en México, se exilió en Argentina. En 1945 presidió en México la última reunión de las Cortes de la República y, a la muerte de Diego Martínez Barrios, tuvo que asumir la Presidencia de la República en el exilio. Aun cuando en la crisis de 1930 la Universidad de Buenos Aires ofreció cátedra a los que la habían perdido en Madrid o a ella habían renunciado, los tiempos políticos de Argentina eran poco propicios para los exiliados españoles a raíz del golpe de estado que derrocó al presidente Yrigoyen. Sin embargo, le apoyaban J. Remorinos —propietario por entonces de la revista La Ley— y los profesores Alfredo Palacios, Eusebio Gómez y José Peco, llegando este último a renunciar a su empleo y sueldo de director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de La Plata para que lo desempeñara Jiménez de Asúa, quien así reanudó una vida plenamente dedicada a la tarea universitaria, donde hizo de nuevo “escuela”. En Madrid se habían formado junto a él, especialmente en el Instituto de Estudios Penales de Emilio González López, Manuel López Rey y Arrojo, Mariano Jiménez Huerta, Francisco Blasco y Fernández de Moreda, y Faustino Ballvé, que le acompañaron en el exilio. En España quedaron José Antón Oneca —privado de la cátedra y de la libertad—, Arturo Rodríguez Muñoz, Juan del Rosal, Tomás Jaso Roldán y Antonio Rodríguez Sánchez. En La Plata se formaron con él Jorge Frías Caballero, Samuel Dayen y Carlos Gallino Yanzi. En 1946 José Peco y otros profesores de La Plata renunciaron a sus cátedras en protesta contra el régimen peronista. Jiménez de Asúa les acompañó en la renuncia, al tiempo que publicaba La Ley y el Delito y la gran obra de Derecho comparado Los Códigos Penales Iberoamericanos, escrito en colaboración con F. Carsi Zacarés, fiscal exiliado en Venezuela, en cuyo epílogo –datado el 15 de enero- expresa la creencia, común a tantos otros, de poder regresar de inmediato a España tras la victoria de los aliados. Quedó fuera de la Universidad dedicado sobre todo a la redacción del Tratado, su obra magna y descomunal, con más de siete mil páginas en las que vierte todo el saber científico y legislativo del ámbito europeo e iberoamericano, cuyo tomo primero apareció en la primera de sus cinco ediciones en 1950 y el séptimo en 1970, poco antes de fallecer. Tras el derrocamiento de Perón en 1955 se incorporó a la Universidad del Litoral en Santa Fe como director del Instituto de Ciencias Penales y Criminología. En 1958 el nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires, Risieri Frondizi, le encomendó la dirección del Instituto de Derecho Penal y Criminología. Manuel de Rivacova y Rivacova acudió a él tras más de diez años de cárcel en España y le sustituyó en la cátedra de Santa Fe. En la Universidad de Buenos Aires realizó una extraordinaria labor con la continuación de su Tratado, publicaciones en revistas francesas y alemanas, en las que dio cuenta de las novedades legislativas y doctrinales de los países iberoamericanos, y dio asimismo cursos y conferencias en toda Iberoamérica —salvo en Nicaragua, siempre bajo la dictadura de Somoza—, y todo ello lo recogió a lo largo de los quince volúmenes de El Criminalista y en nuevos libros. Creó la Revista de Derecho Penal y Criminología, a la que luego sucedieron Nuevo Pensamiento Penal y Doctrina Penal, y reunió a su alrededor a lo que después se convertiría en lo más granado de la doctrina penal argentina contemporánea de dimensión internacional: Spolansky, Baigún, Zaffaroni, D’Alessio, Paixao, Righi, Schiffrin, Bacigalupo, Romero, Tozzini, entre otros. Pero, tras ser atropellada la Universidad por el golpe de Estado de Onganía en 1966, decidió una vez más renunciar a la cátedra —así como a la de Criminología, que había sido creada para él en la Facultad de Psicología— ante la tentativa de un sector conservador de la Facultad de Derecho de suprimir su plaza y se refugió con sus discípulos en su propia casa y en el Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Ya en 1929 dio principio al prólogo de su Crónica del Crimen, con premonitoria declaración: “Un hombre sin fortuna personal y sin vocación de tránsfuga, si a mayor abundamiento es rebelde, no solo halla dificultades para vivir en medios de dictadura, sino que su cargo oficial de catedrático está en continuo riesgo”. Mantuvo en todo su tiempo las relaciones académicas internacionales, desempeñando la vicepresidencia de la Asociación Internacional de Derecho Penal y como miembro del consejo de dirección de la Sociedad Internacional de Criminología y de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Dedicó los últimos años a la obra científica –con la redacción del Tratado- y discipular, y recibió un gran homenaje científico internacional en 1964. Apuró el cáliz del sentido del deber y de la dignidad, sin más medios que los propios personales, en la tarea de representar a la democracia española que encarnaba la institución de la República, tarea en la que le acompañaba como presidente del Gobierno don Claudio Sánchez Albornoz. Mientras tanto, las autoridades políticas que regían la Universidad española mantuvieron hasta 1977 en la Complutense su Tratado en el escabel de la Argentina. Entrado ya el tiempo de la Constitución en España, se le ofrecieron homenajes por parte de la Universidad Complutense en 1986, que organizó Marino Barbero Santos, y por el ministro de Justicia, Enrique Múgica, en 1989, que concluyó con la concesión por Su Majestad el Rey de España de la Orden del Mérito Constitucional. Obras
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Recuerdo de Luis Jiménez de Asúa en el 50 aniversario de su fallecimiento.  El magistrado y profesor de Universidad Manuel Jaén Vallejo recuerda en esta columna a Luis Jiménez de Asúa, uno de los grandes penalistas españoles y "padre" de la Constitución republicana, en el 50 aniversario de su fallecimiento. 27/7/2020 Manuel Jaén Vallejo. Este año se cumplen 50 años del fallecimiento de D. Luis Jiménez de Asúa (16-11-1970), uno de los más grandes penalistas del siglo XX, a la par que ilustre socialista, en su acepción más tradicional y humanista, de compromiso con la causa de la libertad y la democracia, fallecido en la ciudad de Buenos Aires, sin poder llegar a cumplir su permanente deseo de regresar a España, luego de su largo exilio, en el que llegó a ser Presidente de la República Española. Sus restos fueron repatriados en 1991, gracias a las gestiones del entonces ministro de Justicia D. Enrique Múgica Herzog, concediéndosele entonces, a título póstumo, la medalla al mérito constitucional, muy merecidamente. Debe recordarse que fue él quien presidiera la Comisión parlamentaria para la elaboración de la Constitución de la II República, aprobada en 1931, un texto de indudable valor, defendido por D. Luis, con la elocuencia que le caracterizaba, como nos lo relata Juan Simeón Vidarte (primer secretario del Congreso de Diputados, en su obra sobre Las Cortes Constituyentes de 1931-1933, Barcelona, Buenos Aires, México, 1976). Fue al iniciarse, en el Congreso de Diputados, el debate constitucional sobre el proyecto de Constitución, en un discurso brillante, magistral, en el que hizo un extenso repaso de cuantas materias quedaban reguladas en el texto constitucional, como puede verse en el Diario de Sesiones de 27 de agosto de 1931. Concluyó con la afirmación de que la Constitución propuesta era una Constitución democrática, liberal y de un gran contenido social, “una obra conservadora, conservadora de la República”. Otros discursos eminentes en aquel entonces fueron los de Claudio Sánchez-Albornoz, quien propugnó la confederación de los Estados europeos, el de Clara Campoamor, tratando temas relacionados con la liberación de la mujer, el de Fernando de los Ríos, sobre la juventud, o el de José Ortega y Gasset, quizá el filósofo más relevante que hemos tenido. Ortega y Gasset culminó su discurso apelando a una organización de España en pueblo de trabajadores, “sin acelerarnos, pero sin retardarnos, siguiendo, pues, la norma que Goethe nos recomendaba para toda nuestra vida: ‘avanzar sin prisa y sin pausa, como la estrella’”. Yo no tuve la fortuna de conocer personalmente a D. Luis. Mi arribada a Argentina, por motivos familiares, se produjo en 1971, justo un año después del fallecimiento del insigne jurista, aunque su recuerdo, no sólo entre juristas sino incluso en general en la ciudadanía de aquel país hermano, era aún muy latente. Recuerdo, concretamente, cómo se le recordaba como un republicano español, ilustre jurista, gran orador y con una arrolladora personalidad. EXTRAORDINARIA OBRA CIENTÍFICA Sí he podido conocer, como tantos otros penalistas, su extraordinaria obra científica. Además, he tenido la suerte de conocer y poder compartir seminario con uno de sus discípulos, Enrique Bacigalupo, que el propio D. Luis lo calificó como «el más aventajado discípulo», cuyas aportaciones a la ciencia del derecho penal y a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo han sido de un gran valor. A través de él, pues, he podido conocer, junto a los compañeros del seminario de derecho penal y filosofía jurídica, creado e impulsado por Enrique Bacigalupo, numerosas anécdotas y vivencias de nuestro gran maestro, D. Luis, recordado ahora, una vez más, en el 50 aniversario de su fallecimiento. Hay personas que, por la gran obra llevada a cabo en vida y el rico legado intelectual que transmiten a sus sucesores, permanecen en el recuerdo, a pesar del tiempo que pueda transcurrir desde su ausencia. Es algo que muy pocos tienen el privilegio de conseguir. D. Luis, sin duda, al menos entre quienes nos dedicamos a la materia que él, con tanta sabiduría, cultivó, esto es, el derecho penal, lo ha conseguido, pues aun después de cincuenta años de ausencia sigue estando en nuestra memoria. Es excepcional el día de seminario, que venimos celebrando todos los lunes del año académico, desde 1985, ahora en la sede de FIDE (Fundación para la Investigación del Derecho y la Economía) y, en los últimos meses, por el COVID-19, «on line», que no se le cite en algún momento. Salvo Enrique Bacigalupo, su discípulo, creo que ninguno de los penalistas españoles, a diferencia de algunos de los penalistas argentinos, lo hemos podido conocer personalmente, pero sí su gran obra, difundida en todos los países de habla hispana, con la que puede afirmarse que se inició en todos ellos la ciencia jurídico-penal moderna, especialmente a partir de la lección inaugural impartida por D. Luis sobre la teoría jurídica del delito en la apertura del curso 1931/1932 en la Universidad de Madrid, ubicada entonces en el viejo caserón de la calle Ancha de San Bernardo (antigua calle de los convalecientes, y hoy calle de San Bernardo). Lección inaugural que fue publicada en facsímil en 2005, por la editorial Dykinson, en el marco de una colección de libros que lleva su nombre, «Cuadernos Luis Jiménez de Asúa», y presentada por Enrique Bacigalupo en un emotivo acto celebrado ese mismo año en la Residencia de Estudiantes de Madrid, hoy transformada en un acogedor hotel. Fue fundada en 1910 por la Junta para la Ampliación de Estudios, fruto de la Institución Libre de Enseñanza creada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos, y de la que D. Luis pudo beneficiarse, obteniendo una beca que le permitió viajar a Suiza, Francia y Alemania. Precisamente, fue el sobrino de Giner, Fernando de los Ríos, el responsable, en cierto modo, de la dedicación de D. Luis a la política durante la República y su afiliación al Partido Socialista Obrero Español. En esa Residencia, que tantos recuerdos de aquella época alberga, se encontraron numerosos personajes de la Generación del 27, como es el caso de Federico García Lorca, Salvador Dalí y Rafael Alberti, entre otros muchos, coincidiendo precisamente este último con Luis Jiménez de Asúa, en su exilio en Buenos Aires, aunque Alberti sí pudo finalmente regresar a España, en 1977, siendo incluso elegido diputado por el partido comunista. ALUMNO DE FRANZ VON LISZT Su obra, además, se ganó el reconocimiento de la comunicad científica europea. Y, desde luego, la traducción a nuestra lengua del «Lehrbuch des Deutschen Strafrechts» (Libro de texto de derecho penal alemán), de Franz von Liszt, su maestro en Alemania (Berlín), en 1917, marcó el inicio de la influencia de la ciencia penal alemana, sin duda la más evolucionada, en nuestro país. También marcó un hito importante en la recepción de la dogmática alemana en España la traducción en 1955 de José Arturo Rodríguez Muñoz, discípulo de D. Luis, del tratado de derecho penal, de Edmund Mezger, de una extraordinaria influencia en nuestra doctrina. El interés y admiración por D. Luis y su obra sigue hoy vivo, como ha podido comprobarse recientemente a través de la publicación del magnífico libro de Enrique Roldán Cañizares, «Luis Jiménez de Asúa, Derecho penal, República, Exilio», Madrid, editorial Dykinson, 2019, en la que este autor, utilizando fuentes solventes, y con una amplia bibliografía, reconstruye la vida de D. Luis, muy azarosa, pero al mismo tiempo apasionante, llena de éxitos, académicos, profesionales y políticos. Enmarcó el relato en los grandes acontecimientos históricos que pudo protagonizar nuestro recordado Luis Jiménez de Asúa, «el padre de la Constitución española de 1931, el presidente de la II República en el exilio entre 1962 y 1970 y el penalista español con mayor proyección internacional de los dos primeros tercios del siglo XX«. Parece oportuno también, en este aniversario, recordar a otros eminentes discípulos suyos, aparte de Enrique Bacigalupo, que tuvo en nuestro país, como es el caso del ya citado José Arturo Rodríguez Muñoz, de José Antón Oneca, magistrado del Tribunal Supremo en los tiempos de la República, y de D. Juan del Rosal. Probablemente se deba a D. Luis Jiménez de Asúa, luego de la introducción de la filosofía del alemán Röder llevada a cabo en el último cuarto del siglo XX por Giner de los Ríos, continuando la labor de su maestro, Julián Sanz del Rio, que introdujo en España la filosofía del krausismo, el hecho que hoy perdura de fructífero diálogo hispano alemán en el ámbito jurídico penal. Permitiendo así el conocimiento más profundo de la ciencia penal por las generaciones de penalistas que continuaron su labor, como es el caso de su discípulo Enrique Bacigalupo, en posesión de la Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, que sigue transmitiendo sus enseñanzas con el mismo entusiasmo que lo hiciera D. Luis durante sus largos años de exilio. D. Luis en una época postrera del positivismo jurídico-penal, comienzo del neokantismo e incluso de vuelta de von Liszt, y Enrique Bacigalupo en una época de predominio del finalismo de Hans Welzel, su maestro alemán, de post-finalismo (Jakobs y Roxin) y, actualmente, de consolidación del funcionalismo, basado en la teoría de los sistemas, concretamente en la teoría de Niklas Luhmann, en torno al concepto de comunicación. Es decir, una época bien diferente a la vivida por D. Luis, con nuevas concepciones sobre la idea de sociedad en la cual actúa el derecho penal, sobre la función del derecho penal y, sin duda, de cierto predominio, en el marco de la concepción de la pena, de la prevención general positiva. Luis Jiménez de Asúa y Enrique Bacigalupo, dos grandísimos maestros, que han enriquecido notablemente la ciencia del derecho penal en España, motivo por el que los penalistas, y juristas en general, de este país, debemos estar siempre muy orgullosos y sumamente agradecidos. |
Alianza de Intelectuales Antifascistas.  La Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura fue una organización civil creada el 30 de julio de 1936, nada más iniciarse la guerra civil española. Tuvo su sede inicial en Madrid y se trasladó a Valencia, acompañando al gobierno de la Segunda República Española. Su origen se sitúa en 1935, con la celebración en París del I Congreso de Escritores Antifascistas y la creación de la AIEDC (Asociación Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura), con la asistencia de varios delegados españoles. La Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura estaba organizada como un ateneo, con varios comités o divisiones para áreas temáticas. Además de la actividad cultural y sociopolítica general, se hicieron manifiestos, charlas y llamamientos contra el ascenso del fascismo que representaba el ejército sublevado de Franco. Entre sus miembros se encontraban María Zambrano, Rafael Alberti, Miguel Hernández, José Bergamín, María Teresa León, Rosa Chacel, Luis Buñuel, Luis Cernuda, Pedro Garfias, Juan Chabás, Rodolfo Halffter, Antonio Rodríguez Moñino, Ramón J. Sender, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Max Aub, José Peris Aragó, Eduardo Ugarte, Salvador Arias, Arturo Serrano Plaja y Rafael Morales, entre otros. El manifiesto de su constitución declaraba: Se ha producido en toda España una explosión de barbarie... Este levantamiento criminal de militarismo, clericalismo y aristocratismo de casta contra la República democrática, contra el pueblo, representado por su Gobierno del Frente Popular, ha encontrado en los procedimientos fascistas la novedad de fortalecer todos aquellos elementos mortales de nuestra historia... Contra este monstruoso estallido del fascismo... nosotros, escritores, artistas, investigadores científicos, hombres de actividad intelectual... declaramos nuestra identificación plena y activa con el pueblo, que ahora lucha gloriosamente al lado del Gobierno del Frente Popular... En la Alianza convergieron otros grupos como la Unión de Escritores y Artistas Proletarios (grupo de activistas de valencianos de izquierda) y Accio d'Art (grupo regionalista disidente del Círculo de Bellas Artes de Valencia). Miembros destacados de la Alianza fueron Josep Renau, María Teresa León, Juan Gil-Albert, Max Aub o Ramón Gaya. La Alianza publicó boletines y revistas, la primera de ellas, Milicia Popular, apareció el 30 de septiembre de 1936, aunque la más importante fue El Mono Azul. Las actividades fueron diversas y, a nivel internacional; la que mayor impacto causó fue el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado entre el 4 y el 17 de julio de 1937, con sede central en Valencia, pero que también tuvo actos en Madrid (en una ciudad casi sitiada) y Barcelona, y se clausuró en París. En él participaron escritores españoles y extranjeros, entre estos Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Ernest Hemingway, César Vallejo, Raúl González Tuñón, Octavio Paz, André Malraux o Louis Aragon. |
El I Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura se celebró en el Palais de la Mutualité de París entre el 21 y el 25 de junio de 1935.1 Supuso la plataforma pública para la creación de la AIDC (Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura), con un Comité Internacional compuesto por doce escritores antifascistas, entre los cuales se encontraba el ya anciano Ramón María del Valle-Inclán –que no pudo asistir–, y otros intelectuales como Thomas Mann, Máximo Gorki, Bernard Shaw, Aldous Huxley o Sinclair Lewis. Participaron doscientos treinta delegados pertenecientes a treinta y ocho países. El II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura tuvo lugar entre el 4 y el 17 de julio de 1937, durante la guerra civil española, en tres ciudades de la España republicana (Valencia, Madrid y Barcelona) y en París, con el apoyo de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. La iniciativa gubernamental republicana partió del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de España, del que era responsable el comunista Jesús Hernández Tomás, que nombró secretarios a los poetas Emilio Prados, Arturo Serrano Plaja y Juan Gil-Albert. |
carne de primera
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